El Juzgado de lo Social nº 11 de Bilbao ha declarado en su reciente sentencia de 19 de noviembre, la calificación como improcedente de un despido comunicado sin respetar la garantía del transcurso del plazo de seis meses desde la salida de la trabajadora del ERTE de suspensión por fuerza mayor en que se vio inmersa.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (L. 11/2020, 30 dic.) se condiciona enormemente por la excepcionalidad de la situación de emergencia de salud pública. A pesar de ello, el Ejecutivo ha expresado que forma parte del diseño de una estrategia para sentar los cimientos de la transformación económica y social del país, «lo que garantizará una salida de la crisis sustentada en unas sólidas bases, así como la potenciación del crecimiento de nuestra economía, generando a la vez una mayor cohesión social», y siendo sus señas de identidad «la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad».

El texto mantiene, a grandes rasgos, su estructura habitual en lo que respecta al señalamiento de las pensiones públicas (Título IV) y las cotizaciones sociales (Título VIII).

Se publica con fecha 31 de diciembre de 2020, la Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, quedando afectados la mayoría de los principales impuestos españoles con medidas tributarias tales como, incremento del IRPF para rentas más altas, minoración del límite de las reducciones de la aportación a los planes de pensiones e incremento de las primas de seguros, prórroga de módulos, carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio, subida del IVA en bebidas azucaradas, o reducción de exenciones en Sociedades, entre otros.

A ello se añadirán nuevos epígrafes en el IAE, o la actualización de las Tasas o establecimiento de beneficios fiscales a las actividades de interés general y grandes eventos.

El Gobierno aprobará próximamente el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 49,7 millones de euros en el ejercicio de 2020 al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de Procuradores de España, en materia de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la atención profesional a las víctimas de delitos. Las actividades realizadas en noviembre y diciembre de 2019 pendientes de pago serán abonadas en próximas fechas.